El Gobierno presentó la Ley Hojarasca para eliminar normas "obsoletas" del siglo XX

El Gobierno Nacional presentó hoy en el Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, con el objetivo de eliminar leyes obsoletas que limitan las libertades ciudadanas y que fueron aprobadas durante gobiernos militares y en gestiones de presidentes constitucionales del siglo XX.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue el encargado de anunciar la iniciativa, explicando que el proyecto busca derogar unas 70 leyes. Entre ellas, se incluyen normas que prohibían la realización de protestas, imponían penas de cárcel por la defensa de derechos humanos en foros internacionales, o que regulaban absurdamente aspectos como el uso de un carnet de mochilero.

"La ley promueve la seguridad jurídica y elimina obstáculos para el desarrollo personal y colectivo del país", afirmó Sturzenegger, subrayando que muchas de estas normas generaron gastos innecesarios, como en el caso de la Federación Argentina de Municipios. Asimismo, a través de la red social X, el ministro indicó que las leyes a eliminar "limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad".

Entre las leyes mencionadas por el ministro se encuentra una aprobada durante el gobierno de Juan Domingo Perón, que imponía prisión a los argentinos que defendieran los derechos humanos en el exterior. También se pretende derogar una ley de la dictadura de Juan Carlos Onganía, que controlaba la disponibilidad de papel de diario, afectando la libertad de expresión.

Otra norma en la lista es la ley de Alejandro Lanusse, que obligaba a la difusión de música seleccionada por el Estado, y una que requería a los organizadores de reuniones públicas en espacios cerrados dar aviso previo, permitiendo a la policía ingresar, lo cual el ministro describió como una violación a la libertad personal.

Finalmente, Sturzenegger apuntó a la eliminación de una ley del gobierno de Isabel Perón que otorgaba a los legisladores privilegios como la libre circulación y estacionamiento, y otra norma de 1975 que obligaba a los medios radiales y televisivos a dedicar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico. Para el ministro, estas medidas representan ejemplos claros de "privilegios inaceptables en una sociedad democrática".