Suspenden la declaración de las dos testigos de Alberto Fernández

La investigación por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández ha dado un nuevo giro. La Fiscalía decidió suspender las declaraciones de dos empleadas de la Quinta de Olivos, quienes habían sido citadas como testigos, debido a un planteo presentado por la querella de la ex primera dama Fabiola Yañez. El argumento se basa en la posible violación del deber de confidencialidad que las empleadas firmaron al ingresar a trabajar en la residencia presidencial.

El fiscal federal Ramiro González tomó la decisión de convocar como testigo al escribano Lisandro Barga, quien certificó las declaraciones privadas de cinco testigos de la defensa de Fernández, entre ellas amas de llave y niñeras de la Quinta de Olivos. Estas declaraciones fueron registradas en sobres sellados y luego presentadas ante la Justicia. La citación de Barga busca esclarecer cómo se elaboraron esas actas y si se consideró el "deber de confidencialidad" de las empleadas.

La abogada de Fabiola Yañez, Mariana Gallego, cuestionó la legalidad de los testimonios de las actuales y ex empleadas de la residencia presidencial, ya que la ex primera dama no las habría eximido formalmente de su deber de confidencialidad. Sin embargo, dos de las testigos ya declararon que fueron relevadas por el ex presidente, aunque esta información no consta en el expediente judicial.

Ante esta situación, el fiscal González decidió abrir un expediente aparte para investigar los alcances de la confidencialidad y los detalles sobre cómo se realizaron las actas presentadas.

En paralelo, el próximo 8 de octubre, se llevará a cabo una pericia del teléfono celular de Fabiola Yañez en España. La Fiscalía de ese país extraerá la información del dispositivo y luego enviará los datos a la Justicia argentina para su análisis, especialmente los mensajes entre Yañez y Fernández. Este procedimiento responde a una solicitud de la Fiscalía argentina, luego de que la Cámara Federal porteña rechazara un recurso de queja presentado por la defensa de Fernández, quien argumentaba que la pericia debía realizarse en Argentina para garantizar la cadena de custodia y evitar posibles manipulaciones.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron la medida en España, argumentando que la defensa no presentó razones suficientes para considerar que el procedimiento afectaría la integridad de la evidencia. Además, señalaron que el teléfono de Yañez no estaba bajo secuestro judicial, sino en posesión de la propia víctima, por lo que la obligación de preservar la inalterabilidad de los datos comenzaba desde el momento en que la Fiscalía tomó conocimiento de los hechos.